Barrapunto

El propio (nuevo) Código Penal, en su artículo 270.3, castiga textualmente "a quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo". El auto de sobreseimiento, que se ciñe a la interpretación literal del artículo, afirma que "los 'chips' que se instalan ... pueden servir, desde luego, como dispositivo tendente a desprotegerlas para permitir utilizar juegos no originales, pero también para permitir la ejecución de juegos originales de otras zonas, o para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar tareas absolutamente legítimas".

El abogado encargado de presentar la impugnación en la Audiencia de Valencia, Carlos Sánchez-Almeida, compara las consolas PlayStation de Sony con los coches, las lavadoras o los ordenadores portátiles, al asegurar que "detrás tienen un lobby de mercaderes de propiedad intelectual, interesados en mantener un mercado de consumidores aborregados, cuanto más pasivos mejor, y no compradores dinámicos e ingeniosos que modifiquen sus productos; ni compradores inteligentes, a los que se les ocurra ejercer los derechos que la ley les reconoce". Además, recuerda que la Ley de Propiedad Intelectual considera que "la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización" (Art. 100.2), y recuerda que "el mayor mercado de videojuegos son los menores de edad, que son por natural descuidados, y los discos ópticos en los que van grabados los videojuegos se rayan fácilmente". "Impedir que los menores realicen copias de seguridad de sus videojuegos, además de ser una medida dudosamente ética, sería manifiestamente ilegal", concluye el abogado.